La revuelta de Burgos
La infanta, otra vez
imputada
La revuelta de Burgos
La
construcción innecesaria de un bulevar desata la ira de un barrio obrero
Cuatro
jornadas de lucha callejera se han saldado con casi 50 detenidos
En torno a las
siete de la tarde, a cuatro grados de temperatura, los vecinos de Gamonal, un
barrio obrero de Burgos, volvieron a desafiar ayer las temperaturas invernales
que asolan esta ciudad castellanoleonesa y se echaron a la calle para solicitar
la paralización de la construcción de un bulevar en la vía principal de la
barriada. Llevan cuatro días de lucha, desde que el pasado viernes las máquinas
contratadas por el ayuntamiento del PP pusieron patas arriba buena parte del
asfalto de la calle sin previo aviso y después de dos años de protestas
pacíficas por parte de los vecinos y los grupos de la oposición (PSOE, IU y
UPD). Desde entonces se organizan en grupos para no abandonar la 'zona cero' e
impedir así que las obras prosigan. Por la noche, la lucha pacífica se
trasforma en contienda y los gritos de «Gamonal no quiere el bulevar» se
convierten en pedradas, incendio de contenedores y ataques, principalmente a
las sucursales bancarias. La revuelta, que se repitió anoche, se ha saldado ya
con cerca de 50 detenidos y al menos 15 heridos, lo que ha hecho que el
conflicto haya centrado incluso la atención de la prensa internacional.
La reforma
diseñada por el consistorio prevé la construcción de un bulevar que debe
transformar una calle con cuatro carriles en una tranquila vía con un carril
bici y zonas peatonales. El sueño de cualquier vecindario. Sin embargo, en
Burgos ha sido la gota que ha colmado el vaso de un barrio acostumbrado a que
cada logro, desde el asfaltado a la construcción del centro de salud, se haya
logrado gracias a la lucha vecinal. Gamonal está lleno de jóvenes sin trabajo
que consideran un «derroche» que uno de los ayuntamientos «más endeudados de
España» se gaste ocho millones de euros (de un presupuesto de 210 millones) en
una obra puramente estética y no en servicios sociales o en ayudar al censo de
18.000 parados de Burgos.
EL APARCAMIENTO /
A esto hay añadir el temor a que la construcción dañe edificios que se
construyeron sin apenas cimentación y a todo correr en los años 60, así como el
rechazo a que las obras destruyan muchas de las plazas de aparcamiento en
superficie, remando así en contra de uno de los principales problemas del
barrio: la falta de aparcamiento. El proyecto prevé la edificación de un
párking subterráneo con 246 plazas, pero destruye bastantes más. Además, cada
aparcamiento costarán en torno a 20.000 euros, un montante difícil de alcanzar
para la mayoría de los residentes de la zona.
Por último, el
hartazgo vecinal está relacionado con el hecho de que el «principal
beneficiario» del proyecto, según los residentes, sea el grupo Promecal, que
posee varios medios de comunicación locales y cuyo propietario, Antonio Miguel
Méndez Pozo, condenado por corrupción en los años 90, tiene la fama de ser una
especie de «alcalde en la sombra».
LA VIOLENCIA /
Todas estas razones explican que los habitantes de Gamonal justifiquen que las
jornadas de lucha pacífica concluyan en altercados y batalla campal entre los
jóvenes y la policía. «Sin la violencia no conseguiríamos tanto eco y no
lograríamos parar la obra. Estamos ya cansados de que no nos hagan caso»,
expresaba ayer desde el anonimato uno de los vecinos de la zona.
La virulencia de
los altercados ha provocado que las obras de un bulevar en Burgos se hayan
colocado entre los principales problemas del Ministerio del Interior, que se ha
visto forzado ha desplazar antidisturbios y otras unidades a la zona. El
secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez Vázquez, achacó ayer los
incidentes a «grupos violentos que se desplazan» desde distintos puntos de
España allá donde hay un conflicto. Con este argumento, en una entrevista en la
cadena SER, justificó la necesidad de reformar la ley de seguridad ciudadana
con sanciones severas que hagan remitir las protestas callejeras. Sin embargo,
el origen del casi medio centenar de detenidos hasta el momento desmienten esta
tesis: todos residen en Burgos y son españoles, salvo un colombiano y dos
marroquís, según informó la Subdelegación del Gobierno.
La protesta no ha
conseguido que, por el momento, el alcalde, Javier Lacalle, haya dado ni un
paso atrás. «No se puede permitir que una minoría de violentos doblegue la
voluntad democrática», justificó el domingo. Pese a ello, en las calles de
Burgos muchos manifestaban ayer que la presión es tan fuerte que el regidor no
tendrá más remedio que detener la obra. De hecho, el PSOE presentará el viernes
una moción para exigir, en palabras de su portavoz, Luis Escribano, la
paralización de un proyecto «que no resuelve ninguno de los problemas de los
vecinos» de Gamonal. Sin embargo, pocos en el barrio pronosticaban que el
alcalde aguante hasta esa fecha sin dar marcha atrás, dado que ellos, avisaban,
seguirán con las jornadas de «la lucha».
PATRICIA MARTÍN.
El Periodico de
Catalunya
Martes, 14 de enero del
2014
La infanta, otra vez
imputada
El juez José Castro la cita a declarar el 8
de marzopor presuntos delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales
Su abogado recurrirá la citación y la casa
real «respeta» la decisión
Mal ha comenzado
el año para el rey Juan Carlos. Solo dos semanas después de su discurso de
Navidad, en el que reafirmó su intención de no abdicar, los problemas se
amontonan sobre su corona. Si el lunes dio una imagen titubeante y débil en su
discurso de la Pascua Mi-litar, ayer se despertó con la noticia de que su hija
menor, la infanta Cristina, vuelve a estar imputada en el caso Nóos por
presuntos delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales.
Así lo decidió
ayer el juez José Castro en un auto de 227 páginas en el que cita a declarar a
la infanta para el próximo 8 de marzo, día de la mujer trabajadora, a las 10.00
h. en los juzgados de Palma.
¿Por
qué la imputa?
Por presuntos
delitos de blanqueo y fraude fiscal derivados del manejo del dinero procedente
de los negocios de su esposo, Iñaki Urdangarin (la pena por ambos delitos suma
once años de cárcel). La infanta poseía al 50% junto a su marido la sociedad
Aizoon, supuesta destinataria de un millón de euros procedentes del Instituto
Nóos.
¿Por
qué otra vez?
El juez Castro
imputó a la infanta en abril de 2013, pero la Audiencia de Palma dejó sin
efecto esa citación en mayo después de que fuera recurrida por Anticorrupción.
La Audiencia, no obstante, instó al juez a investigar las cuentas de la infanta
entre 2002 y 2011 y Castro ha reunido ahora nuevas pruebas que motivan el
segundo auto de imputación.
¿Qué
pruebas?
Castro sostiene
que la contabilidad de Aizoon, que en estos momentos preside la hija del rey,
«distaba mucho de ajustarse a la realidad» y tilda de «fiscalmente opaco» el
reparto de dividendos de esa empresa familiar. También recuerda que la infanta
nunca tributó por esos dividendos y que se cargaron a la sociedad gastos como
la reforma del Palacete de Pedralbes, propiedad de los duques de Palma.
El juez llega a
hablar de «un plus de codicia» de la infanta que le llevo a defraudar.
¿Qué
argumenta el juez?
Entiende que
Urdangarin «difícilmente» pudo defraudar «sin, cuanto menos, el conocimiento y
aquiescencia» de su mujer.
¿Qué
hará su defensa?
Todas las partes
tienen cinco días para recurrir. Miquel Roca, abogado de la infanta, ya ha
confirmado que lo hará. Además, la Abogacía del Estado y la Fiscalía
Anticorrupción no apoyan la imputación y, si pidieran el archivo de la causa,
la infanta podría librarse de sentarse en el banquillo, según la llamada
doctrina Botín, que no legitima a las acusaciones populares para pedir un
juicio oral cuando la Fiscalía y los perjudicados solicitan el sobreseimiento.
¿Qué
dice la Casa Real?
Se ha limitado a
«respetar» la decisión judicial, una reacción más tímida que la mostrada tras
su primera imputación, cuando expresó su «sorpresa» por aquella decisión
LAS PERLAS DEL AUTO:
«A nadie debiera
escandalizar que se pretenda formularle preguntas al respecto»
«La sociedad
Aizoon sirvió de andamiaje imprescindible para la comisión de delitos fiscales»
«Suponer que ella
desconocía de dónde procedía el dinero y que por ello no merecería la pena
preguntarle, no es de recibo»
«Los delitos
fiscales que se imputan a Urdangarin difícilmente se podrían haber cometido
sin, almenos, el conocimiento de su esposa»
«Ha intervenido
lucrándose en su propio beneficio mediante la colaboración silenciosa»
A. C.
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